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COMUNICADO AMCHAM ARGENTINA SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO EN TORNO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE ENVASES

18 Nov, 2021

Ante la presentación de esta iniciativa, y su tratamiento en comisiones, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresa su preocupación frente a una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa mediante el establecimiento de una nueva tasa para compensar los gastos que el sistema de gestión pública de residuos requeriría a futuro, poniendo en entredicho incluso el carácter federal de la norma.

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Las empresas nucleadas en AmCham Argentina están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular, más aún, están convencidas de la necesidad de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país.

Las leyes de presupuestos mínimos ambientales son herramientas constitucionales muy valiosas en este sentido, al igual que avanzar en un modelo de responsabilidad extendida y compartida por todos los actores de la cadena de producción y comercialización de los envases. AmCham adhiere firmemente a los esquemas de reciclaje inclusivo, pero cuando estos son factibles y lógicos, y sobre todo cuando consideran incentivos y beneficios para aquellas empresas que emplean materiales reciclables en sus envases y/o realizan inversiones en tecnología para mejorar el acopio y la reutilización.

No obstante, alarma que el proyecto no permita a los sujetos obligados optar con claridad por sistemas locales de gestión implementados y financiados por el sector privado, bajo el control y la supervisión de la autoridad de aplicación. Otro de los puntos débiles del proyecto es el cálculo de la tasa ambiental, cuya fórmula se basa en el precio de venta (hasta el 3%), o bien, en el peso del material, sin tener en consideración el costo asociado al sistema de gestión propiamente dicho, y lo que es peor, cuya administración recae en un fidecomiso administrado por el estado, sin pautas claras de asignación, en especial, en un modelo de tratamiento de los residuos de carácter federal, por lo que desde varios sectores se ha solicitado la conformación de un ente mixto público-privado con representación pública pero también de los productores y recuperadores, los fabricantes de envases y la sociedad civil.

Lo lógico, si todos estuviésemos de acuerdo, sería que la norma establezca la responsabilidad extendida y compartida del productor, fije metas graduales de recupero a nivel nacional, diferenciales por tipo de material y que incentive a los sujetos obligados a organizarse para alcanzar dichas metas un tiempo razonable y progresivo de implementación (digamos 3 a 5 años), reservando para el estado su rol de ser, es decir, autorizar y controlar los sistemas implementados y si las metas no se logran o no se cumplen, entonces aplicar multas y sanciones acordes, o forzar su inclusión en el sistema público de gestión a costo razonable y transparente.

Por otro parte, este proyecto se torna fácilmente atacable por su debilidad constitucional al vulnerar derechos de las provincias, básicamente, porque crea una caja gestionada por un fideicomiso de administración 100% público, una alquimia que lamentablemente se ha hecho habitual en la práctica legislativa, y otorga a la Nación potestades discrecionales para distribuir dineros públicos a actores municipales y sociales, pasando por encima de las autoridades provinciales, y alejándose de los parámetros más elementales en materia de ética y transparencia. 

Dicho esto, a través de numerosas instancias, la industria ha asumido su compromiso en torno al desarrollo de negocios sustentable. Más importante aún, tiene las herramientas para trazar el impacto de su actividad en el medio ambiente, y con metas definidas de manera transparentes se podría reducir progresivamente cualquier efecto perjudicial en el mismo. Es por ello que el proyecto debe centrarse en cómo mejorar los sistemas de gestión, en base a modelos probados y garantizando su eficiencia. Pero sabemos que el pago de nuevos impuestos es un camino fácil, y nada efectivo, a un desafío que amerita otro tipo de compromiso en torno a la recolección y al reciclado. No desaprovechemos la oportunidad de materializar un marco regulatorio que recoja la voz de todos y a la industria como parte de este todo.

En reiteradas oportunidades, AmCham ha señalado los riesgos que se plantean con este tipo de políticas:  obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible. Hoy, más que nunca, es necesario que el gobierno y en este caso el Congreso Nacional desarrolle políticas de acompañamiento al empleo y la inversión, y recree las condiciones para un clima de negocios previsible, en base a las reglas de la libre empresa, siendo este el único camino posible hacia una recuperación sustentable de nuestra economía.

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